Diputados: La puja por la ley de biocombustibles

La oposición unificó posturas: Juntos por el Cambio, el lavagnista Consenso Federal y el cordobesismo de Juan Schiaretti pidieron una sesión especial para este jueves en la Cámara de Diputados para debatir la prórroga de la ley de promoción de biocombustibles, que ya tiene media sanción del Senado. En tanto, el Frente de Todos convocó ayer a la reunión de la comisión de Energía y Combustibles, donde el secretario de Energía, Darío Martínez, sostuvo que “el objetivo del Gobierno nacional es dar un esquema donde se tengan en cuenta todas las realidades”, y propuso rediscutir el proyecto para “proteger a las pymes” y los “puestos de trabajo” en sintonía con la iniciativa presentada por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner.

Ayer por la tarde-noche, la bancada del FdT debatía si dar o no el quórum para frenar la jugada opositora y abrir un debate en el recinto sobre los beneficios impositivos que tendría el biocombustible, sin afectar a otros sectores de la industria energética y que ya arrancó ayer en la comisión de la Cámara baja.

Desde el oficialismo no escondían su fastidio porque la movida opositora modifica la agenda oficialista para tratar esta semana las modificaciones del impuesto a las Ganancias, que eleva el mínimo no imponible a 150 mil pesos y que beneficia a más de un millón de trabajadores que dejarán de pagar el tributo.

En la presidencia del cuerpo evaluaban que se podía sesionar este jueves –tras el feriado por día Nacional de la Memoria–, pero la iniciativa opositora la postergaría hasta la semana próxima.

Aunque la oposición podría reunir el quórum para abrir el debate este jueves, no contaría con los dos tercios necesarios para aprobar un proyecto que no tiene dictamen de comisión.

El interbloque macrista de JpC tiene 115 miembros; mientras que el interbloque Federal que reúne a lavagnistas y los diputados cordobeses que responden al gobernador Schiaretti sumaría otros 11 diputados.

Aun con asistencia perfecta, le faltarían tres legisladores para alcanzar el quórum (129), aunque se entusiasman con superar esa cifra con un tema que cruza transversalmente a oficialistas y opositores y que afecta directamente a una decena de provincias. De todas maneras no contarán con los dos tercios para imponer su voluntad.

La dilación del oficialismo en la Cámara baja para abordar la unánime media sanción del Senado que dispone la prórroga de los beneficios impositivos para el biocombustible, se debió a las diferencias de criterios sobre la iniciativa. Aunque tuvo que abrir el debate en comisión ante la insistencia de la oposición y de algunos propios.

Con el debate interno sin saldar, Máximo Kirchner presentó un proyecto propio que delimita el régimen de los biocombustibles desde el 1 de junio de 2021 (vence en mayo) hasta el 31 de diciembre de 2027, y que el Ejecutivo podría extender por única vez otros 3 años. Al tiempo que impulsa la creación de una «Comisión Especial de Biocombustibles, que tendrá por finalidad el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos».

Algo parecido planteó la radical mendocina Jimena Latorre, con un proyecto propio en el que apoya la «prórroga del régimen de beneficios vigente», pero lo condiciona a la creación de la Mesa Redonda Nacional para el Desarrollo de Biocombustibles, más allá del régimen actual.

La postura del Gobierno estuvo a cargo del secretario del área. «El objetivo del Gobierno nacional es dar un esquema donde se logre la mayor sinergia. Siempre mirando y cuidando mucho cada puesto de trabajo, el impacto medioambiental y el impacto en la vida de nuestros vecinos y vecinas”, definió Martínez en torno al debate por el futuro del sector ante la comisión que preside el diputado oficialista Omar Felix.

El funcionario admitió que “la evolución mundial en materia de cuidado del medioambiente es un eje en esta discusión” pero también pidió “proteger a las pymes” y “los puestos de trabajo”, y “entender cuál es el impacto (de las medidas a tomar) en los consumidores, en la industria y en el transporte”.

Desde JpC, en tanto, exigieron extender la norma actual hasta el 31 de diciembre, mientras se discute una nueva ley. Una postura que apuesta a poner en aprietos al oficialismo y que comenzará a resolverse este jueves.