En lo que podría convertirse en uno de los escándalos laborales más graves del año, fuentes gremiales denunciaron que dirigentes sindicales y gerentes de al menos tres grandes cerealeras habrían sellado un acuerdo para llevar a la quiebra a la empresa Vicentin, con el objetivo de despedir a más de mil trabajadores sin resistencia.
Pero lo más explosivo es lo que habría sobre la mesa de negociación: un soborno de más de 5 millones de dólares, supuestamente a repartir entre un grupo reducido de participantes. El acuerdo implicaría no solo el vaciamiento de la empresa, sino también una traición abierta a los empleados por parte de quienes deberían estar defendiendo sus puestos de trabajo.
Según estas mismas fuentes, empresarios y sindicalistas coinciden en que el contexto social —marcado por la apatía, el desgaste y la falta de reacción colectiva— les permitiría ejecutar la maniobra con escaso costo político o social. En palabras de uno de los informantes: “Saben que nadie va a salir a la calle. Los trabajadores están cansados, desilusionados, y ellos aprovechan”.
Este pacto tácito entre el poder económico y ciertos sectores sindicales desnuda una lógica perversa: sacrificar a más de mil familias para cerrar un acuerdo sucio, blindado por el silencio y la complicidad. Todo, bajo la excusa de una crisis que, en realidad, ya estaba orquestada desde las alturas.
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